Por Jorge Villavicencio, para Radio Cardinal.
La desinformación digital se convirtió en una herramienta capaz de dañar reputaciones, confundir a la ciudadanía e influir en el debate político. El caso de Balnearia abre un interrogante que merece una reflexión: ¿todo vale a la hora de hacer política en las redes sociales?
En los últimos días, una serie de videos difundidos en redes sociales generó controversia en Balnearia. El intendente Miguel Méndez salió públicamente a responder a esas publicaciones, que, según manifestó, contienen afirmaciones falsas sobre su gestión municipal.
En una entrevista con una radio de Balnearia, el mandatario expresó: «No sé si los libertarios de Balnearia van a salir a aclarar», en referencia a los videos que atribuyó a La Libertad Avanza. Entre los contenidos cuestionados se encuentra uno que afirma que se estarían retirando computadoras a estudiantes que residen en la Casa de Balnearia, en la ciudad de Córdoba. Méndez negó esa versión y cuestionó las formas de hacer política basadas en el ataque y la confrontación.
El intendente también señaló que la aparición de estos materiales coincidió con la visita de Gabriel Bornoroni, referente de La Libertad Avanza, a Balnearia. Esa coincidencia forma parte de sus declaraciones, pero no constituye por sí misma una prueba de que el dirigente o el partido hayan producido o promovido los videos.
Más allá de las responsabilidades que eventualmente puedan establecerse, el episodio plantea una cuestión que trasciende las diferencias partidarias: ¿qué límites deberían existir cuando se utiliza la mentira como herramienta de comunicación política?
Cuando la mentira se convierte en contenido viral
Las redes sociales democratizaron la comunicación. Hoy, cualquier persona puede grabar un video, expresar una opinión y llegar a miles de usuarios en cuestión de minutos. Esa posibilidad representa una conquista de la libertad de expresión, pero también implica una responsabilidad.
Un video editado para alterar el sentido de una declaración, una voz clonada mediante inteligencia artificial o una escena completamente fabricada pueden adquirir apariencia de realidad. Cuando esos contenidos se presentan como verdaderos, muchos usuarios los comparten sin verificar su origen ni comprobar la información que contienen.
La velocidad de circulación suele imponerse sobre la reflexión. Una publicación falsa puede alcanzar a miles de personas antes de que la persona afectada tenga siquiera la oportunidad de responder.
Y aunque después llegue una aclaración, el daño no necesariamente desaparece. La primera versión puede quedar instalada en la memoria colectiva, mientras que la rectificación alcanza a una porción mucho menor de quienes vieron el contenido original.
En política, esta práctica resulta especialmente preocupante. No solamente puede perjudicar a un funcionario o a una gestión municipal: también puede confundir a los vecinos, deteriorar la confianza pública y condicionar la formación de opiniones sobre quienes aspiran a ocupar cargos electivos.
La crítica política es necesaria. Investigar una gestión, denunciar irregularidades y exigir explicaciones forma parte de la vida democrática. Pero una cosa es cuestionar decisiones de gobierno con argumentos y pruebas, y otra muy distinta es fabricar hechos o difundir afirmaciones falsas para desacreditar a un adversario.
La libertad de expresión protege la crítica, incluso la crítica dura e incómoda. No convierte, sin embargo, cualquier conducta dañosa en jurídicamente legítima.
Compartir un video falso no es necesariamente un acto sin consecuencias
Existe una idea equivocada, bastante extendida, según la cual publicar o compartir contenido en Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp sería una acción sin consecuencias porque se realiza desde una cuenta personal y a través de Internet.
No es así.
La legislación argentina contempla mecanismos para proteger el honor, la reputación, la imagen y la identidad de las personas. El artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación permite reclamar la prevención y reparación de daños cuando se lesionan esos derechos. A su vez, los artículos 1710 y siguientes establecen deberes de prevención y reglas sobre la responsabilidad civil.
Esto significa que, dependiendo de las circunstancias, quien crea y difunde un video falso puede enfrentarse a un reclamo judicial para que cese la conducta y, si se acreditan los requisitos legales, a una demanda por daños y perjuicios.
La responsabilidad no se limita necesariamente a quien produjo el material. Quien lo reproduce o comparte también podría responder por su propia conducta, según el contenido difundido, el conocimiento de su falsedad, las circunstancias y el daño causado.
En el ámbito penal, los artículos 109 y 110 del Código Penal regulan la calumnia y la injuria, respectivamente. Sin embargo, su aplicación tiene límites importantes: las expresiones vinculadas con asuntos de interés público cuentan con una protección específica, y no toda afirmación falsa, crítica ofensiva o noticia equivocada constituye un delito. La calificación debe analizarse caso por caso.
Por eso, no sería correcto afirmar que cualquier persona que comparte una noticia falsa será condenada. Sí es correcto advertir que la difusión digital no exime de responsabilidad cuando una conducta reúne los requisitos previstos por la ley.
¿Y si el video fue creado con inteligencia artificial?
La aparición de herramientas capaces de generar imágenes, voces y escenas realistas elevó el problema a otra dimensión.
Ya no se trata solamente de editar una declaración o sacar una frase de contexto. Hoy es posible hacer que una persona parezca decir algo que nunca dijo o mostrar una situación que jamás ocurrió.
Cuando ese material se presenta deliberadamente como auténtico para perjudicar a alguien, engañar a la ciudadanía o atribuirle falsamente una conducta, pueden entrar en juego los derechos a la imagen, la identidad, el honor y la reputación, además de las reglas generales sobre daños.
El uso de inteligencia artificial no constituye por sí solo una infracción. Una sátira claramente identificada, una parodia o una creación artística no son equivalentes a un montaje presentado como noticia verdadera. Lo determinante es el contenido, el contexto, la forma de difusión y el perjuicio que pueda ocasionar.
En cualquier caso, la tecnología no puede convertirse en una excusa para eludir las responsabilidades que ya existen.
La responsabilidad de quienes comparten
Hay otro aspecto que merece especial atención: la conducta de quienes reciben un video y lo distribuyen inmediatamente entre sus contactos o en grupos de redes sociales.
Muchas veces, el usuario no creó el contenido ni tiene una intención política definida. Simplemente lo comparte porque le parece impactante, porque coincide con sus ideas o porque confía en quien se lo envió.
Pero la facilidad para compartir no elimina la necesidad de actuar con prudencia.
Antes de difundir una acusación grave, conviene comprobar quién publicó originalmente el material, buscar fuentes independientes y consultar si existe información que permita confirmar lo que se afirma. Si hay indicios de manipulación, lo responsable es no presentarlo como un hecho comprobado.
Y si posteriormente se demuestra que el contenido era falso, corresponde rectificar y evitar que continúe circulando como si fuera verdadero.
Esto no significa que cada ciudadano deba convertirse en investigador profesional antes de compartir cualquier publicación. Significa comprender que, cuando se difunden acusaciones que pueden afectar seriamente a otra persona, la responsabilidad es mayor.
Una advertencia de cara a las próximas campañas electorales
El caso de Balnearia debería servir como punto de partida para una discusión más amplia. A medida que se aproximan nuevas instancias electorales, la posibilidad de utilizar videos manipulados, voces artificiales y noticias inventadas para desacreditar adversarios representa un riesgo para la calidad del debate democrático.
Las campañas deben competir con propuestas, ideas, resultados y argumentos. Si la discusión pública se transforma en una sucesión de montajes, acusaciones sin pruebas y operaciones destinadas a confundir, pierde la ciudadanía.
Por supuesto, cualquier denuncia sobre una gestión pública merece ser escuchada y examinada. Ningún funcionario debería quedar exento de críticas por ocupar un cargo. Pero precisamente porque los asuntos públicos son de interés general, resulta indispensable distinguir entre una denuncia fundada, una opinión política y una afirmación presentada como verdadera sin sustento.
En el episodio de Balnearia, las responsabilidades por la elaboración y difusión de los videos deberán establecerse a partir de pruebas, no de coincidencias ni de acusaciones cruzadas. La pertenencia o simpatía hacia un espacio político no demuestra, por sí sola, la autoría de una publicación.
Las redes sociales nos dieron una herramienta extraordinaria para comunicarnos, informarnos y participar de la vida pública. No permitamos que se conviertan en un territorio donde la mentira resulte más rentable que la verdad y donde el daño a otra persona se considere un simple costo de la disputa política.
Cada usuario tiene la posibilidad de contribuir a un espacio público más responsable. Puede cuestionar, denunciar, debatir y exigir explicaciones sin necesidad de fabricar hechos ni propagar falsedades.
Porque detrás de cada imagen, cada voz y cada acusación puede haber una persona real, una familia, una institución o una comunidad que sufrirá las consecuencias de lo que se publica.
Antes de compartir, verifiquemos. Antes de acusar, comprobemos. Y antes de utilizar la mentira como herramienta política, recordemos que el mundo digital no está fuera del alcance de la ley.
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