Nota de Opinión. Por Jorge Villavicencio para Radio Cardinal.
Una publicación reciente de Radio Cardinal, que mostró mediante una imagen el incendio y la persistente humareda en el basural a cielo abierto de Miramar de Ansenuza, volvió a poner en agenda una problemática estructural que atraviesa a numerosas localidades del interior provincial: la gestión de los residuos y sus consecuencias ambientales y sanitarias.
A partir de esa información, concejales del bloque opositor Juntos por Miramar elevaron un pedido formal de informes al Subsecretario de Recursos Naturales de la Provincia, Martín Guzmán. En la nota, los ediles advirtieron sobre el riesgo ambiental, sanitario y social que implica la continuidad de focos de combustión en el basural local, y solicitaron precisiones sobre controles, inspecciones, medidas de mitigación y la existencia de un plan de saneamiento o erradicación definitiva.
El planteo se apoya en normas de jerarquía constitucional y legal, como el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que establecen el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de prevenir y actuar ante posibles daños ambientales.
La respuesta del subsecretario, sin embargo, no llegó por los canales administrativos habituales, sino a través de una publicación en redes sociales, específicamente en la página personal de la concejala Mariana Zapata. Allí, Guzmán explicó que no había recibido formalmente el pedido de informes, aunque consideró necesario responder “por obligación” y, en primer lugar, pidió disculpas a los vecinos por tener que convivir con un basural a cielo abierto, una situación que reconoció como extendida en distintos puntos de la provincia.
En su descargo, el funcionario detalló acciones provinciales en marcha vinculadas a la economía circular, la entrega de maquinaria a municipios, la refuncionalización de plantas de tratamiento y el avance del vertedero regional de Ansenuza en Arroyito, que permitiría, a futuro, la disposición final de residuos de varias localidades. También destacó el trabajo conjunto con el municipio de Miramar en un Plan GIRSU y subrayó la necesidad de la articulación entre Provincia y gobiernos locales para abordar un problema que lleva décadas.
Más allá del cruce político implícito —con referencias a gestiones pasadas, responsabilidades compartidas y diferencias partidarias—, el intercambio vuelve a dejar en evidencia una cuestión de fondo: los basurales a cielo abierto siguen siendo una deuda ambiental que excede a los gobiernos de turno y requiere políticas sostenidas, coordinación institucional y consensos básicos.
En ese sentido, la situación de Miramar interpela a toda la dirigencia, oficialismo y oposición, pero también a la comunidad en su conjunto. La protección del ambiente, del aire que se respira y del agua que define la identidad de Ansenuza, parece exigir algo más que respuestas reactivas o debates coyunturales: demanda planificación, continuidad y, sobre todo, la decisión de “ponerse la camiseta” del ambiente antes que la de la disputa política.