Nota EDITORIAL – (Corresponsalía Córdoba Capital)
Mientras la ciudad invierte en renovar sus avenidas, vecinos y comerciantes de Olmos y Maipú denuncian problemas de convivencia e higiene que, según afirman, llevan meses sin una solución efectiva.
Una ciudad que invierte en renovar sus avenidas no puede ignorar los problemas de higiene, convivencia y asistencia social que se prolongan en pleno centro. Los derechos de quienes viven en la calle merecen respeto. Los de los vecinos y comerciantes, también.
Córdoba es la segunda ciudad más poblada de la Argentina y una de las capitales más importantes del interior. Sus parques, plazas, edificios históricos, universidades y paseos comerciales forman parte de una identidad urbana que combina tradición y modernidad.
Las obras realizadas en avenidas como la Maipú, con mejoras en la circulación, las paradas de colectivos y la infraestructura para ciclistas, representan un esfuerzo por mejorar la vida cotidiana. Pero ¿de qué sirve renovar el paisaje urbano si no se consiguen resolver problemas elementales de convivencia?
OLMOS Y MAIPÚ: UNA REALIDAD INSOSTENIBLE
La crisis económica y social ha empujado a numerosas personas a vivir en la calle. Córdoba no está al margen de esa realidad, que exige políticas públicas serias y respuestas humanas.
Sin embargo, comprender la indigencia no significa aceptar que cualquier situación pueda prolongarse indefinidamente sin intervención de las autoridades.
Según denuncian vecinos y comerciantes, desde hace meses un grupo de personas permanece en las inmediaciones de las avenidas Olmos y Maipú, utilizando las veredas como lugar de residencia. Allí comen, duermen y pasan gran parte del día. También se denuncian gritos, riñas y condiciones de higiene alarmantes, con orina y materia fecal en las veredas y detrás de los contenedores de residuos.
No hablamos de estética urbana. Hablamos de higiene, convivencia y salud pública.
La contradicción resulta evidente: los comerciantes deben cumplir exigentes requisitos sanitarios para habilitar sus negocios, mientras denuncian que el entorno inmediato presenta olores y condiciones que afectan su actividad y la vida cotidiana de quienes transitan por el lugar.
La Municipalidad exige el pago de tasas e impuestos. Es legítimo que lo haga. Pero los contribuyentes también tienen derecho a exigir que los servicios públicos funcionen y que las denuncias reciban respuestas concretas.
MUCHOS ORGANISMOS. ¿QUIÉN RESUELVE?
Vivir en la calle no es, por sí mismo, un delito. La Ley Nacional 27.654 reconoce derechos a las personas en esa situación y establece obligaciones para el Estado. Pero no impone tolerar indefinidamente cualquier conflicto ni habilita la ocupación ilegítima de inmuebles.
La solución debe respetar los derechos de todos: asistencia social, alternativas de alojamiento, atención sanitaria cuando corresponda, higiene urbana y actuación ante posibles infracciones o delitos debidamente comprobados.
Para ello existen organismos como el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba, el Ministerio de Salud provincial, la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano municipal, el Programa de Atención a Personas en Situación de Calle, las áreas de higiene urbana y Fiscalización, Defensa Civil, la Policía provincial, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, entre otras instituciones con competencias específicas.
Si existen leyes, programas sociales, equipos profesionales y recursos públicos, ¿por qué los vecinos aseguran que el problema continúa?
¿Faltan recursos? ¿Falla la coordinación? ¿Se ofrecieron alternativas de alojamiento? ¿Qué seguimiento se realizó? Son preguntas que las autoridades deben responder con información concreta, no con explicaciones generales.
¿LA POLICÍA DEBE LIMPIAR LAS VEREDAS?
Hoy, mientras salíamos a cubrir distintas informaciones en la ciudad, volvimos a percibir el fuerte olor a orina y materia fecal en el sector.
Pero hubo una imagen que llamó especialmente nuestra atención: efectivos de la Policía de Córdoba limpiaban restos de materia fecal en el acceso a una cochera.
Desconocemos quién dejó esos residuos y cuáles fueron las circunstancias de la intervención. Sin embargo, la escena plantea una pregunta inevitable: ¿por qué los policías terminan limpiando una vereda mientras el problema de fondo continúa sin una solución visible?
La limpieza ordinaria corresponde a los servicios competentes, sin perjuicio de las actuaciones que puedan resultar necesarias ante una emergencia. Si esta situación se repite, es indispensable determinar qué organismo debe intervenir y por qué no se consigue una respuesta duradera.
LA INDIGENCIA NO SE RESUELVE MIRANDO HACIA OTRO LADO
No pretendemos que las personas que viven en la calle sean perseguidas ni trasladadas simplemente para que la ciudad luzca más bonita. Pretendemos que reciban asistencia efectiva y que los vecinos no deban resignarse a convivir indefinidamente con condiciones insalubres y conflictos reiterados.
Una ciudad verdaderamente humana no abandona a quienes necesitan ayuda, pero tampoco desatiende a quienes reclaman condiciones dignas de convivencia.
El Estado debe coordinar sus recursos, cumplir sus obligaciones y demostrar resultados. La existencia de organismos públicos no alcanza si sus intervenciones no consiguen mejorar la realidad.
Los contribuyentes no financian al Estado para que sus dependencias se limiten a existir, sino para que cumplan las funciones que justifican su existencia.
Por eso, la pregunta sigue en pie: ¿quién se hace responsable de resolver lo que sucede en las avenidas Olmos y Maipú, qué medidas se adoptarán y cuándo podrán los vecinos comprobar que la situación ha cambiado?
La dignidad de quienes viven en la calle merece una respuesta. La paciencia de los vecinos también.
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