Francia aprobó una ley que busca facilitar los desalojos y endurecer las sanciones contra personas que ocupan ilegalmente una vivienda o contra inquilinos morosos. RFI los lleva a visitar dos casas, dos hogares, que vivieron esta realidad de formas opuestas.
«Le hemos metido mucha mano de obra. Pasamos siete meses organizando esto, sacando basura», cuenta la señora Elva, mostrando el patio de la casa en la que ella y su familia se instalaron en el oeste de París. A primera vista, es un hogar como cualquier otro: una casa con jardín, en la que se perciben algunos vestigios de remodelación reciente.
Pero una vez adentro, hace falta un sistema de calefacción como tal. «Este invierno vino 10 veces más fuerte”, dice y enseguida prende un calentador auxiliar. La casa le pertenece a la municipalidad y estaba abandonada hace unos meses. La señora Elva, una colombiana refugiada en Francia, la ocupa ilegalmente, algo que en Francia llaman un ‘squat’.
«A Francia se viene a sufrir del frío. Tengo mis documentos y a pesar de eso no tengo donde vivir porque se necesita tener trabajo y dinero para poder obtener vivienda. Estuve ocho meses viviendo en una carpa en un parque con mi hijo y no vi ninguna entidad del Estado a solucionarme las cosas, entonces tomé la decisión de estar en un squat», cuenta.
Cuando la alcaldía de la ciudad de Nanterre, donde vive actualmente, supo que la casa había sido ocupada, dio inicio a una demanda para expulsar a su familia. «Ya hay una orden de desalojo», precisa. En Francia rige una tregua invernal, o sea que a la señora Elva no la podrán expulsar sino hasta el mes de abril.
Según la ley, el Estado tiene la obligación dar alojamiento, en un plazo de seis meses, a ciertas personas validadas por una comisión o un tribunal. Es el caso de Elva, quien recibió el fallo hace unos años pero nunca la propuesta de vivienda.
Crisis de la vivienda
Casos como el suyo lo sigue el DAL, la asociación por el derecho a la vivienda, que ha estado alertando sobre una nueva ley que busca endurecer las sanciones contra los ocupas. «Los que han vivido en la calle saben que es sinónimo de muerte. La edad promedio de los fallecidos es de 45 años. La mayoría de las viviendas ocupadas pertenecen a grandes propietarios o son fábricas u oficinas abandonadas. El instituto de sondeo francés habla de 3,1 millones de viviendas vacías, o sea el 8% del total habitable», dice Jean-Baptiste Eyraud, portavoz del DAL. «Por otro lado, hay 2,2 millones de solicitantes de vivienda social, y solo se atribuyen 400.000 al año», denuncia.
Tal y como esta planteada la ley, impulsada por el oficialismo, se prevé hasta tres años de cárcel y 45.000 euros de multa para toda persona que se mantenga en un local comercial o una vivienda de forma ilegal, ya sea por ingresar ilegalmente o por dificultades de pago del arriendo.
«Esta nueva simplifica el procedimiento judicial de desahucio, con la introducción en los contratos de alquiler de una cláusula de rescisión automática, y reduce el tiempo para desalojar», explica a RFI el abogado francés Alexis Duc Dodon. «Un punto central de la nueva ley es el acercamiento de la condición de okupa con la de los malos inquilinos o inquilinos que no paguen el alquiler. Se crea un nuevo delito de ocupación fraudulenta de los locales, delito dirigido también a los inquilinos morosos. Fue una de las principales críticas de la oposición durante los debates legislativos. El objetivo del legislador es mejorar la situación de los propietarios, especialmente los pequeños propietarios», precisa Duc Dodon.
La otra cara de la moneda
En comuna muy cercana, otra casa nos abre sus puertas. Una residencia elegante de unos 100 metros cuadrados. Pero en este jardín no queda un solo rastro del paso de una familia de okupas. Nos atiende su dueña, quien prefirió guardar su anonimato.
«Fuimos a la casa un verano a ver como íbamos a relanzar las obras de remodelación tras el covid. Tuvimos la sorpresa de ver que la llave no entraba en la cerradura. Según la ley, uno tiene solo 48 horas para desalojar a un ocupante ilegal, estábamos de vacaciones y no nos dimos cuenta. Entonces fuimos a ver a la policía, que nos dijo literalmente: ‘Señora, este problema le va a durar dos años y medio’. Mi marido entró en contacto con el ocupante, quien vivía con su mujer y sus tres hijos, y vio que adentro todo estaba remodelado, limpio y perfecto. Habían hecho obras por su cuenta», recuerda.
La dueña confiesa que su familia recurrió a una acción ilegal. «El okupa nos dijo: “De todos modos conozco la ley y mis derechos. Adelante, inicien el procedimiento judicial, nos volvemos a hablar en unos años. Entonces mi hijo, que no es tan pacífico como mi esposo, decidió actuar por su cuenta y les envió a un señor un poco intimidante, que destrozó la puerta, y eso los ahuyentó. Ellos no eran necesitados, usando zapatos de lujo de 400 euros: eran estafadores profesionales», detalla.
Casos como este han sido objeto de numerosos reportajes en la prensa francesa. La oposición y las asociaciones como el DAL sostienen que tanta mediatización ha opacado el verdadero problema, el de la crisis de la vivienda, y han llevado a vulnerar los derechos.
El Parlamento francés aprobó la ley a principios de febrero, en medio de uno de los contextos económicos más tensos en Francia, con un aumento sin precedentes de los precios de los servicios de luz y de la canasta familiar.
Por: Melissa Barra, RFI (c)