En la 25º Sesión Ordinaria de la Unicameral de la Provincia de Córdoba aprueban el Proyecto de Ley Nº 20880/E/16 dando paso a la formación del Plan Provincial de Agroforestación. La Ley entre sus principales medidas obliga a los propietarios de campos agropecuarios a contar con un mínimo del 2% con superficies cubiertas de bosques. El propósito de esta Ley es promover el desarrollo sostenible y promover las buenas prácticas agropecuarias, como así también la protección de los suelos y mejorar la calidad del aire y del agua en la provincia de Córdoba.
El Campo de la Familia Andretich, en Miramar de Ansenuza, (visto desde el satélite) permite observar una buena práctica agrícola. Se observa que más del 2% de su superficie fue destinada a proteger el bosque nativo. Medida que sus propietarios ya la instrumentaron en la década de 1950. Lo mejorable es generar corredores biológicos entre los distintos campos para permitir la supervivencia de algunas especies nativas.
El Plan Provincial de Agroforestación fue aprobado por casi la totalidad de los legisladores, siendo rechazado por los militantes de izquierda quienes adujeron que la ley – entre otros detalles- no estipula los tipos de especies arbóreas que deberán implantarse en los campos, ya que consideran que muchos productores, se inclinarían a plantar especies exóticas (como eucaliptos y pinos) en detrimento de las especies nativas.
Esta ley obliga a los propietarios de terrenos dedicados a la agricultura destinar el 2% de la superficie con cobertura vegetal natural, y de no poseerla, deberá instrumentar medidas de reforestación; conforme a lo que establezca la futura reglamentación. El plazo estimado para adaptarse al Plan Provincial de Agroforestación es de 10 años. A su vez, en algunos casos, el Estado podría exigir a los productores hasta un 5% de su superficie a ser destinada como área de protección.
Esta importante medida -pero imperfecta- a criterio de los ambientalistas, tiende a subsanar años de malas prácticas en la producción agropecuaria.
La presente Ley se reglamentará por el Poder Ejecutivo Provincial dentro de los ciento ochenta (180) días desde la fecha de su publicación.
Jorge Villavicencio, para Radio Cardinal, 2017
